Vivimos en tiempos de crisis ambientales. Sin duda, una de las más críticas es la crisis por pérdida de biodiversidad. En su último “Informe Planeta Vivo” del 2022, la WWF estimó que entre 1970 y el año 2018, se ha dado una pérdida del 69% en la abundancia relativa de las especies monitoreadas de vida silvestre a nivel mundial. Lamentablemente, Latinoamérica es la región con el peor índice, con un estimado de 94% de pérdida relativa en la abundancia de las especies.
Estos son niveles de pérdida de biodiversidad alarmantes, no solo para el mundo natural, sino para el funcionamiento de nuestro sistema económico mundial. Sin los servicios ambientales que nos presta la naturaleza a través de sus ecosistemas, la economía mundial tendría pérdidas estimadas hasta en $44 billones del producto interno bruto global (alrededor de la mitad del mismo) según estimaciones del Foro Económico Mundial. Por citar un ejemplo concreto, sin el servicio que nos brindan los animales e insectos polinizadores, la industria agrícola tendría una pérdida de $217.000 millones de dólares, al año.
Sin embargo, debido a que el valor de estos servicios ambientales no está debidamente contabilizado en nuestro sistema económico, su existencia se da por sentado y no se movilizan los recursos necesarios para financiar su protección y conservación.
Afortunadamente, en los últimos años, el interés de inversionistas, tanto en el sector público como en el privado, por invertir en proyectos sostenibles y de conservación ha ido en aumento. Cada vez más hay un interés por asegurarse de que los fondos invertidos estén colocados en proyectos que, no solo no dañan el ambiente, y ademássino que ayudan a protegerlo.
Esto ha dado un muy esperado impulso al desarrollo de nuevos mecanismos financieros para la conservación, que se han ido implementando en los últimos años, para ayudar a dirigir fondos hacia la conservación y regeneración de la biodiversidad.
Entre los mecanismos financieros para la conservación, uno de los más impulsados, hoy en día, es la estructuración de bonos verdes (o azules), los cuales le dan la oportunidad a inversionistas a comprar participaciones en un fondo diseñado para invertir solamente en proyectos que estén certificados como sostenibles. A nivel nacional, el uso de este mecanismo ha sido impulsado por medio de la ley N°10051, la cual se propone impulsar la inversión en desarrollo sostenible, mediante el uso de valores de oferta pública temáticos.
Ya existen en el país algunos ejemplos exitosos de ofertas de bonos verdes que se han estructurado para financiar proyectos de energías limpias e infraestructura sostenible. Sin embargo, aún está el reto de utilizar este instrumento para financiar proyectos que tengan un impacto más alto en la protección de la biodiversidad, por ejemplo, para potenciar la regeneración de manglares o arrecifes de coral, que pueden traer réditos a la industria turística.
Otro ejemplo interesante, son los esquemas de pagos por servicios ambientales, que se han logrado integrar a un modelo de negocio existente. Por ejemplo, el caso particular de la tarifa hídrica, aplicada por las organizaciones de distribución de agua en el país. Bajo este modelo, los abonados al sistema de agua potable pagan una tarifa extra mensual para financiar la protección de los mantos acuíferos de los que proviene su agua. Con estos fondos se les paga a los dueños de las fincas en donde se encuentran las zonas de recarga hídrica para que conserven estos sitios de forma continuada.
Este es otro mecanismo que ha sido particularmente exitoso en el país y que ha tenido una expansión persistente en el territorio nacional. Este modelo tiene la particularidad de que, a pesar de que el servicio ambiental que se paga es el de recarga hídrica, la protección de estos sitios tiene muchos otros beneficios ambientales tales como el secuestro de carbono, la protección de hábitats naturales y el mantenimiento de la belleza escénica natural.
Existen muchos otros mecanismos financieros para la conservación que se han desarrollado y están siendo puestos en práctica en distintos países, tales como el financiamiento combinado (blended finance), seguros contra desastres naturales, subsidios para actividades de conservación, canje de deuda por naturaleza, reservas protegidas privadas, por nombrar solo algunos.
El desarrollo e implementación de estos instrumentos es crucial en la tarea de integrar al capital natural en nuestro modelo económico, y con esto, asegurar que los fondos necesarios para conservar y regenerar la biodiversidad estén disponibles. Necesitamos acción de parte del sector público y el privado para impulsar inversiones verdes y financiar soluciones basadas en la naturaleza y la regeneración de infraestructura natural. No hay tiempo que perder.
